Recortes de audio

Los trabajadores despedidos de la planta de SIAM en el municipio de Avellaneda se movilizaron ayer a las puertas del ministerio de Trabajo bonaerense en la ciudad de La Plata en el marco de una audiencia con la empresa. Los despedidos se concentraron en las afueras del edificio de la cartera que conduce Marcelo Villegas para dar a conocer que “hace semanas venimos denunciando que Pilisar S. A. del grupo Newsan, cuyo mayor accionista es el empresario multimillonario Rubén Cherñajovsky, no cumple con las obligaciones asumidas ante las leyes de la Provincia de Buenos Aires, precisamente la ley de expropiación, 14.504, por la que se le adjudicó la fábrica de heladeras SIAM”. “Frente a esta ley, la empresa se comprometió a reactivar la producción, reducir la desocupación con la generación de 600 puestos de trabajo, realizar inversiones para maquinarias e instalaciones; contrariamente ha reducido la planta a cerca de 60 trabajadores, con retiros voluntarios y despidos. En nuestro caso los despidos tienen un carácter antisindicales pretendiendo instalar aún peores condiciones de trabajo”, detallaron. “Esperamos que Pilisar S. A. demuestre voluntad de diálogo y que las autoridades del gobierno provincial de Vidal exijan a la empresa la reincorporación de los despedidos y que retrotraiga su plan de despidos”, completaron los trabajadores.

La cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto que el Gobierno presentó e incluye ajustes y recortes en políticas públicas hacia la ciencia, educación y sectores de vulnerabilidad social. La votación llegó después de una sesión que duró más de 15 horas y que estuvo trazada por los cruces en el recinto y la represión policial en la calle. El proyecto prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%. Este viernes el equipo del Fondo Monetario Internacional que se encarga de analizar la situación de Argentina avalará el segundo acuerdo después de que el Gobierno cumpla con parte de las exigencias plasmadas para el 2019. El proyecto que ya fue girado al Senado tendrá un tratamiento breve y pasará directamente al recinto donde probablemente se convierta en ley. La fecha estimada ronda la segunda quincena del mes de noviembre, aunque no está definido el calendaría le abriría lugar al proyecto entre el 14 y el 21 de noviembre.

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que impulsaron las organizaciones sociales para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de todos los barrios, suspender los desalojos por cuatro años y establecer que un porcentaje de las obras de urbanización a realizarse en los barrios esté a cargo de las cooperativas de trabajo de cada lugar. “Desde ahora los habitantes de los barrios populares van a tener acceso a muchos derechos que cualquier ciudadano tiene”, aseguró Ignacio Rico, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y agregó: “Creemos que la tierra tiene que ser de quien la habita, que tiene que ser útil a esos fines, al bienestar de las familias argentinas”. El dirigente señaló que “la ley surge de un proceso de mucho debate y lucha de los movimientos sociales, no nace de un repollo”, al tiempo que sostuvo que “la lucha sigue” ya que el texto aprobado ayer es “un escalón en la larga escalera de los sueños de nuestro pueblo por tierra, techo y trabajo. El próximo paso es establecer un plan de obras, un presupuesto para urbanizar los barrios populares”. Daniel Field, director de Asuntos Públicos de TECHO, contó cómo fue el largo proceso de la ley: “En 2016 empezamos a trabajar en conjunto varias organizaciones para conseguir la propiedad de las tierras en los barrios populares. Hicimos un relevamiento en todo el país del que resultó que hay 4416 barrios populares, con una población de 900.000 familias en total. Se calcula un promedio de casi cuatro personas por familia, por lo tanto hay casi cuatro millones de personas viviendo en barrios populares. De ellos, el 56 por ciento son chicos”. La Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares, aprobada por las dos Cámaras del Congreso nacional, es producto de la lucha y organización de distintos movimientos sociales, tales como la CTEP, TECHO, Barrios de Pie, Cáritas y la Corriente Clasista y Combativa. Con ella, más de 4416 barrios populares de todo el país pasan a ser reconocidos como tales, y el Estado declara su voluntad de expropiar esos terrenos para otorgar el título de propiedad a sus habitantes.

Más de 100 trabajadores de la empresa Canale ubicada en Llavallol, impidieron que la empresa EDESUR cortará el servicio en el establecimiento industrial. Es que la totalidad de sus empleados se encuentra en una situación de limbo laboral tras la quiebra de la empresa Alco-Canale dueña de la planta ubicada en el calle Libres de Sur al 19 de esa localidad lómense. Responsabilizan por esta situación a Camilo Carballo, gerente de la empresa a quién acusan de no hacerse cargo de la situación y no dar la cara. Los trabajadores están protegiendo sus fuentes de trabajo por eso tomaron esa acción directa, los agentes de la prestadora eléctrica tuvieron que irse sin poder lograr dar cumplimiento a las ordenes la empresa, una de las más favorecidas con los tarifazos y de peor servicio en el Conurbano Sur. "Vamos a seguir resistiendo los intentos de corte", aseguraron. La empresa supo ser líder en la producción e industrialización de frutas y hortalizas de la Argentina que se vio afectada por un combo formado por la fuerte caída de las exportaciones, el menor consumo y la constante suba de costos.

Cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizan hoy al ex-ministerio de Salud en repudio al ajuste del gobierno sobre programas sanitarios, a la quita de medicamentos gratuitos para jubilados y en reclamo de un cambio en las políticas de Salud Pública; mientras que los gremios del sector industrial encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica de movilizan al ministerio de Producción en defensa la Industria Nacional. Hoy en "Desde el sur" el secretario Adjunto de CICOP y psicólogo del hospital Allende de Lomas de Zamora, Pablo Torres, junto al obstetra del hospital Evita de Lanús, Mario Franquet, dialogaron sobre el colapso de la Salud Pública que profundizó el gobierno de Cambiemos junto a Cristian González y Marcelo, dos de los trabajadores de la planta de Canale de Llavallol que contaron como enfrentan la quiebra de esa firma, y Jorge, delegado de los trabajadores despedidos que acampan frente a la planta de la fábrica de calzado Gaelle de Avellaneda, quienes dieron testimonios concretos del quebranto de la industria nacional.