La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que impulsaron las organizaciones sociales para declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las tierras de todos los barrios, suspender los desalojos por cuatro años y establecer que un porcentaje de las obras de urbanización a realizarse en los barrios esté a cargo de las cooperativas de trabajo de cada lugar. “Desde ahora los habitantes de los barrios populares van a tener acceso a muchos derechos que cualquier ciudadano tiene”, aseguró Ignacio Rico, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y agregó: “Creemos que la tierra tiene que ser de quien la habita, que tiene que ser útil a esos fines, al bienestar de las familias argentinas”. El dirigente señaló que “la ley surge de un proceso de mucho debate y lucha de los movimientos sociales, no nace de un repollo”, al tiempo que sostuvo que “la lucha sigue” ya que el texto aprobado ayer es “un escalón en la larga escalera de los sueños de nuestro pueblo por tierra, techo y trabajo. El próximo paso es establecer un plan de obras, un presupuesto para urbanizar los barrios populares”. Daniel Field, director de Asuntos Públicos de TECHO, contó cómo fue el largo proceso de la ley: “En 2016 empezamos a trabajar en conjunto varias organizaciones para conseguir la propiedad de las tierras en los barrios populares. Hicimos un relevamiento en todo el país del que resultó que hay 4416 barrios populares, con una población de 900.000 familias en total. Se calcula un promedio de casi cuatro personas por familia, por lo tanto hay casi cuatro millones de personas viviendo en barrios populares. De ellos, el 56 por ciento son chicos”. La Ley de Expropiación de Tierras de Barrios Populares, aprobada por las dos Cámaras del Congreso nacional, es producto de la lucha y organización de distintos movimientos sociales, tales como la CTEP, TECHO, Barrios de Pie, Cáritas y la Corriente Clasista y Combativa. Con ella, más de 4416 barrios populares de todo el país pasan a ser reconocidos como tales, y el Estado declara su voluntad de expropiar esos terrenos para otorgar el título de propiedad a sus habitantes.

Charlamos con Grisel Moreno una de las colaboradoras del comedor San Jorge ubicado en Oliden 4228, Villa Caraza, donde asisten niños y abuelos para alimentarse. Se necesitan alimentos no perecederos y leche. Para colaborar https://www.facebook.com/gri.moreno

Un hombre sufrió quemaduras graves esta sábado y permanece internado con pronóstico reservado después que la casilla precaria que compartía con su pareja y siete menores se incendiara en el barrio Acuba del partido bonaerense de Lanús, misma zona en la que seis menores murieron el año pasado en dos incendios distintos causados por la falta de servicios básicos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos informó a través de un comunicado que “en ACUBA no hay agua. Las familias viven hacinadas, se prende fuego cualquier cosa y no hay una mísera canilla para apagarlo. Hoy, sábado 3 de marzo, se incendió una casilla de chapa y madera en la que viven 7 chicos y 2 adultos. El padre resultó gravemente herido y está internado peleando por su vida”. Esa organización recordó que “el año pasado, como consecuencia de la falta de electricidad, murieron 6 menores en 2 incendios. Gracias a lo organización de los vecinos se está avanzando en un cableado seguro para el barrio y en el mejoramiento de las 35 viviendas más precarias”.} “La familia que hoy sufrió esta tragedia va a tener su casa terminada para vivir en 2 meses, y no gracias a Grindetti. Solo pedimos que el Municipio les de un subsidio para pagar el alquiler hasta que puedan mudarse. Con total cinismo les ofrecieron juguetes, colchones y útiles escolares, ¡cuando no tienen donde dormir!”, denunciaron.

Elena Fernanda, la madre del niño que apareció en un informe televisivo diciendo haber cometido un asesinato entre otros delitos, realizo ayer la denuncia ante la justicia de que el menor fue víctima de un montaje mediático en el programa PPT emitido el domingo pasado por canal 13, y acusó al conductor televisivo Jorge Lanata y al Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús Diego Kravetz, por violaciones a los derechos de su hijo. En la denuncia, patrocinada por los abogados Juan Grabois, Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, la mamá deja en claro que ni ella ni ningún familiar autorizó que el niño fuera expuesto mediáticamente; por el contrario, relató las situaciones de extorsión, amenazas y violencia física y verbal sufridas por su hijo por parte de personal policial, antes y después de la “participación” en el programa. En la denuncia radicada en el Tribunal de Lomas de Zamora consta que el niño fue obligado a mentir en una verdadera sesión de tortura física y psicológica, señalaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en un comunicado. El Asesor Tutelar de la Cámara, Gustavo Daniel Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que "la utilización de algunos medios de comunicación oficialistas para criminalizar a un niño es vergonzosa. Solamente se busca ver a los niños marginados como enemigos sociales, respecto de los cuales el Estado vulneró de antemano sus derechos sociales (vivienda, alimentación, salud, educación, entre otros)". "La utilización mediática de un niño infractor a la ley penal con 11 años es penosa. Vive en zona sur del conurbano bonaerense (Lanús Oeste). Madre recicladora de basura e integra cooperativa (…) El niño no está escolarizado aunque la educación es obligatoria. No concurre a la escuela desde segundo grado. No realiza controles periódicos de salud. Consume desde los 7 años (marihuana y paco). Consume en Zavaleta (CABA). Es violento. El órgano de protección integral de la Pcia. de Buenos Aires interviene desde que tiene 5 años", añade el funcionario. "El suscripto tomó intervención frente a una nueva vulneración: la policial, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lo arrastraron al Hospital Penna por un delito inexistente. El gobierno nacional, de la Ciudad y de la provincia, con los medios oficialistas, deberían escuchar más, trabajar más y no violar cada derecho social de los chicos pobres", completa el comunicado de Moreno.

Nicolás Caropresi referente del MTE y la CTEP sobre los incendios y las 7 muertes en Villa Caraza tras los cortes de luz. “Queremos que se deje de especular con la vida humana. Si a una semana vuelve a pasar lo mismo, habiendo reclamado y cortado calles, eso ya es desidia y abandono del Estado; por eso no nos vamos a ir hasta que tengamos una repuesta coherente”. En ese sentido, señaló que “más allá del pedido de justicia, queremos que se resuelva el problema de la luz”, porque tras el incendio volvió el suministro en el área afectada por ese siniestro pero “para arreglar esa fase, como los transformadores no dan a basto, se cortó otra” y ahora un área distinta de este barrio donde viven 5 mil familias volvió a quedar sin servicio, con el consecuente riesgo. “Y mientras resuelven el problema estructural, queremos que lleven un generador como lo llevan a los grandes centros comerciales, porque lo único que no puede seguir pasado es que no tengan luz”. Conduce Leo Cofré. Escuchá Volver a las 17 de Lunes a Viernes de 17 a 19 por Radio Rebelde AM 740. www.radiorebelde.com.ar